lunes, 5 de abril de 2010

manifiesto personal (3). Corrupción

Del Rey abajo, ninguno. Debería el monarca explicar el modo en que su familia ha accedido, en poco más de 30 años, al control sobre una de las mayores fortunas del país cuando accedió graciosamente al cargo con una mano delante y otra atrás, con su familia viviendo poco menos que de la implicación caritativa de los pocos monárquicos fieles con que contaba su padre en el exilio portugués. Antes de volver a ser un ciudadano como cualquiera, esta aclaración se la debe al conjunto del pueblo a quien dice servir. Y, de ahí para abajo...

La dinámica de partidos, y más aún cuando se pretende reducirla a un cómodo bipartidismo alternativo, está en el origen ideológico de la corrupción al desnaturalizar la función pública de los gobernantes ya que es el Partido quien les coloca en el puesto y ante quien deben responder de su gestión, nunca ante el pueblo soberano que les vota. De modo que, puesto que la existencia de los partidos políticos resulta inevitable (además de que agruparse sea un derecho inalienable), lo que habrá que variar es la dinámica electoral encaminándola hacia la responsabilidad personal en listas abiertas. Que cada cargo electo responda por sí mismo ante sus electores debe estar en la base de una democracia moderna, ni tutelada ni delegada. No es la panacea universal, desde luego, pero convendréis conmigo en que este enfoque dificulta la dependencia de la cosa pública del control partidista, que es de lo que se trata si pretendemos evitar la desnaturalización de todo el proceso político. Mi propuesta, así pues, pasaría por la reforma absoluta de la Ley electoral, la desaparición de las perversiones correctoras de la Ley d'Hont y la representatividad y responsabilidad individual. Ahí lo dejo.

Respecto a la gestión del dinero público, me planteo como imprescindibles dos alternativas de control que me parecen necesarias frente a la corrupción generalizada (no me refiero aquí a la anecdótica que salpica de vez en cuando la prensa o las judicaturas, sino a la sistemática y más profunda que afecta al conjunto del uso del dinero público). La publicidad de todo contrato entre el sector público y el privado, sustanciable mediante la publicación obligatoria (en la web de cada organismo público) de todos y cada uno de los elementos que intervienen en la gestión de cualquier contrato público/privado (convocatoria, pliegos de condiciones, propuestas, criterios de selección...) y la imposición de la copia doble de toda la documentación que cada Ayuntamiento, Comunidad, Ministerio o Partido Político debería remitir a un organismo unificado de control potenciado entre los ya existentes o creado exprofeso, plenamente informatizado y con sistemas de información cruzada que permitan a cualquier ciudadano analizar de forma pormenorizada toda la información disponible.

Un objetivo irrenunciable del republicanismo moderno en España debe ser acabar con la corrupción imperante en esta monarquía, restablecer la dignidad en la función pública e imponer los criterios de plena transparencia y absoluta limpieza en todos los ámbitos de gestión del dinero de todos.

3 comentarios:

Gustavo dijo...

¡Antonio for President! Recientemente leí algo gracioso: en la Constitución de la República de Weimar, había un artículo que decía que el poder emana del pueblo; a éste, Brecht y colegas apostillaban "¿y a dónde va a parar?"

Oyana dijo...

Si los políticos quisieran acabar con la corrupción, lo harían. Pero no quieren. Tienen tantas bodas que no les queda tiempo para pensar en cómo eliminar la corrupción. Y, si alguno lo intenta -no ya desde la política, sino desde su lugar de trabajo- lo inhabilitan.
Y nosotros, el pueblo, mirando como atontados, a belén esteban....

Antonio Piera dijo...

Leído de Juan Goytisolo, desde su exilio:
"La berlusconización rampante de nuestro país y su deslizamiento a una democracia corporativa en la que prima la obediencia a los intereses del grupo, clan o partido sobre el imperio de la ley no se para con el mantenimiento de los privilegios exorbitantes del Concordato, que cuestan al Erario público, esto es al bolsillo del contribuyente, la modesta suma anual de 3.500 millones de euros, ni poniendo al frente del Tribunal Supremo a juristas de un perfil tan conservador como Dívar."

Leed el artículo completo (http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3215) de El País, que no tiene desperdicio