Esperanza Aguirre impone un campo de golf donde el PP prometió un parque

El 14 de junio de 2001, Alberto Ruiz Gallardón, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, anunció que el centro de Madrid tendría tres nuevos parques cuya superficie equivaldría a la mitad del Parque del Retiro. Según sus declaraciones, más de medio millón de metros cuadrados se transformarían en zonas verdes de uso público en la Plaza de Castilla, en el depósito de agua de Santa Engracia y sobre el depósito de agua de la Avenida de Filipinas.
El Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un convenio en agosto de 2002 para llevar adelante el proyecto. Grandes carteles metálicos mostraron durante años cómo iba a ser el parque resultante en la Avenida de Filipinas.
Al llegar al Gobierno regional Esperanza Aguirre, alias Clarence, el plan cambió sin consulta pública y en silencio, con el típico despotismo no ilustrado que aplican estos gobernantes a su política de hechos consumados. En todo el barrio de Chamberí no hay quien pida y reclame un campo de golf, pero, precisamente en el barrio de Madrid con menos zonas verdes, es donde la Presidenta decidió construir un campo de golf que nadie quiere.
Desde entonces, se han levantado en el lugar torretas metálicas de más de treinta metros de altura para sostener redes y focos, junto a varias construcciones de ladrillo y cemento de una fealdad y tosquedad brutales, y que causan un tremendo impacto visual donde antes había perspectiva y espacio libre.
Lo peor no es sólo el dañino plan de la presidenta de la sonrisa-mueca quirúrgica, sino que tampoco la oposición política, PSOE e IU, se hayan comprometido a tirar toda esa basura y construir el prometido parque si vuelven a gobernar la Comunidad.
Pese a que el Consejo de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid pidió el 16 de octubre la paralización del proyecto, la Comunidad sigue trabajando en él.

El pasado 7 de diciembre, el periodista que me remite esta información, mi amigo Enrique Barrueco, puso una denuncia ante el juzgado de Guardia pidiendo un interdicto para que la obra se paralizase y de este modo evitar males mayores de los ya causados y el subsiguiente despilfarro de fondos públicos. Ni que decir tiene que las obras continúan.